El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha presentado una sanción económica contra la sociedad CRAFT CAPITAL IBIZA S.L. y sus responsables por realizar un cambio de uso ilegal en un inmueble en la localidad de Jesús. Dicha vivienda, destinada a uso residencial, se estaba comercializando como alojamiento turístico sin contar con la autorización correspondiente, lo que constituye una infracción grave según la normativa urbanística vigente en las Illes Balears.
La infracción conlleva una multa del 32,50% del valor de la edificación afectada, lo que en este caso supone una sanción económica de 580.885,11 euros. La Junta de Gobierno Local del ayuntamiento ha decidido proponer la imposición de esta multa en línea con las leyes urbanísticas y turísticas de la región, con el objetivo de reforzar las normativas que garantizan un uso correcto del suelo y el cumplimiento de los requisitos para actividades turísticas.
Esta sanción ha sido posible gracias a la colaboración entre el ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell d’Eivissa gracias al protocolo de cooperación que se firmó el año pasado para luchar contra el alquiler turístico ilegal en la isla. En este caso, los servicios de inspección de Turismo del Consell Insular detectaron que la vivienda no cumplía los requisitos legales para la comercialización como alojamiento turístico y se comunicó al consistorio. Como consecuencia, se inició el correspondiente expediente sancionador por cambio de uso de residencial a turístico. Se notificó el inicio del expediente en marzo de 2025, y no se presentaron alegaciones por parte de los responsables.
Incremento de las medidas de control
Con el objetivo de luchar contra esta problemática, el ayuntamiento de Santa Eulària ha contratado los servicios de investigadores privados para realizar las actuaciones necesarias encaminadas a la obtención de información y pruebas sobre apartamentos turísticos en el término municipal de Santa Eulària.
Los investigadores realizarán distintas gestiones para la obtención de información que permita demostrar que se están cometiendo actividades turísticas ilegales. Este servicio, que se financiará a través de los fondos procedentes del Impuesto sobre el Turismo Sostenible, es una herramienta más para reforzar la lucha contra el intrusismo.
A esta medida se deben sumar las que el consistorio ya tenía habilitadas. Por un lado, la creación de un apartado de denuncia en el portal Línea Verde, el cual permite a la ciudadanía notificar si detecta una actividad supuestamente ilegal en materia de viviendas turísticas. Por el otro, la unidad de la Policía Local, destinada a perseguir los casos de alquiler turístico ilegal con dos agentes del cuerpo.
